Defendamos la ciudad

Columna opinión publicada el viernes 13 de Julio de 2007 en revista "EL Periodista". En nuestro país sólo en el papel existe el derecho constitucional que tenemos los ciudadanos para tener libre acceso a la información pública y esto lo afirmamos a la luz de nuestra experiencia en la labor de fiscalización en materias urbano-ambientales que ejercemos. En estas latitudes se habla mucho de transparencia y de probidad y es más, en La Moneda trabajan profesionales en una Agenda ad hoc comandada por un abogado y en el diario vivir sabemos que opera en plenitud el secretismo que resguarda comportamientos impíos de quienes no desean que se conozcan sus proyectos de inversión. Dos artículos (1.1.7. y 1.4.21.) de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones aseguran que los documentos que se manejan en las direcciones de obras municipales son de conocimiento público y a pesar de ello, los funcionarios encargados de esas oficinas técnicas los niegan sistemáticamente, tal como lo hemos denunciado en el último tiempo con ocasión de sendos megaproyectos de construcción de Cencosud en las comunas de Providencia y Ñuñoa, ambas dirigidas por alcaldes hijos de la dictadura militar. Ahora bien, para solucionar esa indeseable y antidemocrática práctica de mantener bajo reserva los documentos de carácter público, el gobierno preparó un proyecto de ley sobre esta materia. Entre otras cosas, se creará un Consejo para la Transparencia y sabemos que se está tramitando en la Comisión de Gobierno del Senado. La publicidad de la información será aplicable a los Ministerios, el Poder Judicial, el Congreso Nacional, las Intendencias, las Gobernaciones, los Servicios Públicos, la Contraloría General, las FFAA y Carabineros, los Gobiernos Regionales y las rebeldes municipalidades. Dado que la transparencia está consagrada en la Constitución Política, todo ciudadano tendrá libre acceso a la información que le interese, salvo las excepciones establecidas por ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Habrá fuertes sanciones en contra de los funcionarios díscolos y hasta se les despedirán de sus cargos si actúan con improbidad. El futuro Consejo para la Transparencia será una corporación autónoma de derecho público, que tendrá por objeto promover las sanas prácticas, requiriendo, bajo multa, a los órganos de la Administración para que se ciñan escrupulosamente a las normas y procedimientos que tienen los países civilizados, en los cuales el libre acceso a la información es un derecho humano. Ojalá que pronto exista la probidad, tanto en la función pública como en la privada, porque así se mejorarán las relaciones entre todos quienes nos desenvolvemos en el país. El desafío es llegar al Bicentenario con prácticas verdaderamente democráticas y con un sistema económico en donde los grandes empresarios respeten a los chicos y en donde quede desterrada la información privilegiada, el amiguismo para conseguir buenos negocios y la diafanidad más absoluta en la tramitación de los actos administrativos. Para que lo anterior se produzca debe funcionar la autorregulación del mercado como complemento al necesario control y fiscalización del Estado y además que opere de verdad la denominada responsabilidad social empresarial.